DOCUMENTO DE ANÁLISIS
Por:
Consuelo Arnaíz
Pedrosa (QEPD)
Rubiela Valderrama
Hoyos
Este
documento se construyó por sugerencia de la compañera Consuelo Arnaiz Pedrosa,
a quien agradecemos su permanente disposición, apoyo y amor a la causa de las
mujeres de Cartagena y Bolívar. Consuelo Arnaíz, no está físicamente con nosotras, pero su pensamiento
siempre nos acompañará, por eso le dedicamos esta publicación.
Cartagena
de indias, 25 de Noviembre de 2015
.
ÍNDICE
Ø La Mesa del Movimiento Social
Ø Las Autoras
Ø Introducción
I. LA IMPORTANCIA DE
LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO Y SUS MECANISMOS.
- Consuelo Arnaíz
Pedroza (QEPD)
II. REFLEXIONES,
PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE LA MESA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.
-Rubiela Valderrama
Hoyos
La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de
Cartagena y Bolívar
La
Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar es un espacio en
el que confluyen diversas organizaciones sociales, redes y mujeres
independientes que en febrero del año 2007 se unen con el propósito de
articular conocimientos, experiencias y saberes en torno a la defensa de los
derechos humanos de las mujeres y visibilizar apuestas políticas en espacios de
decisión a nivel distrital y departamental.
Actualmente
hacen parte de Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar las
siguientes organizaciones:
•
Alianza Regional de Mujeres y Calidad de
vida.
•
Asociación de Mujeres Integradas de las
Gaviotas-AMIGA.
•
APRODIC
•
Asociación de Mujeres Graciela Chaine.
•
Asociación Santa Rita para la Educación y la
Promoción - FUNSAREP.
•
CEMCI
•
Colectivo de Abogadas Elenita González.
•
Comité Local de Mujeres Afrodescendientes.
•
Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar
•
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la
Libertad - LIMPAL Colombia. Mesa Local DESC
•
Mesa de Mujeres Populares de Cartagena y
Bolívar- Por otro mundo posible.
•
Colectivo de Mujeres Restituyendo Derechos
•
Red de Mujeres Montes de María
•
Ruta pacifica de Mujeres de Bolívar.
•
Suchia
•
Mujeres del Congreso de los Pueblos
•
Asomacobol
Ø Las Autoras:
. Consuelo Arnaíz Pedrosa; (QEPD)
(19xx – 2015), Feminista, Teóloga, Magíster en Estudios de Género, Coordinadora
del Area Mujer y Desarrollo. Educadora
popular, Fundadora de la Asociación Santa Rita para Educación y la Promoción –
FUNSAREP e integrante de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres.
. Rubiela Valderrama Hoyos; Feminista,
Trabajadora Social, Magíster en Estudios de Género, área Mujer y Desarrollo,
Socia fundadora de la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar,
integrante de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres.
INTRODUCCIÓN
Rubiela
Valderrama Hoyos
La
institucionalidad de género en la ciudad de Cartagena y el departamento de
Bolívar, ha sido una preocupación constante del Movimiento de Mujeres. En el
año 1992 se produce “la primera incidencia directa en el gobierno distrital,
logrando más tarde, la aprobación del
acuerdo número 38 de noviembre 29 de 1994, para la creación de la oficina de la
mujer”[1].
A partir de este momento las organizaciones de mujeres se fortalecen para
trabajar con más certeza la exigibilidad de derechos, la construcción de la
política pública de mujeres y sus instancias rectoras.
La
primera década del siglo XXI, transcurre sin mayores logros institucionales
para las mujeres de Cartagena y Bolívar, pues a los gobiernos de turno no les
alcanza la voluntad política para entender la importancia de los derechos
humanos de las mujeres, a pesar del contexto favorable que en esta materia venía
ocurriendo a nivel internacional con las convenciones y resoluciones de la ONU y
de alguna manera a nivel nacional con la formulación de las políticas
nacionales de mujeres.
De
acuerdo al “Análisis comparativo de
propuestas de institucionalización de programas y proyectos dirigidas a las
mujeres, según cada administración, en el periodo (1992 – 2003)”[2]
, las pocas actividades dirigidas a las mujeres se realizaron desde un enfoque familista, de bienestar y nunca pensados desde
una concepción de derechos, pues a las mujeres las trataban como población
vulnerable, los programas entonces estaban dirigidos a capacitarlas en oficios
varios y de subsistencia, tampoco hubo presupuestos adecuados y mucho menos
institucionalización de un ente rector de políticas y programas.
Independientemente
de lo frustrante que era para las activistas del movimiento, el hecho de que
los mandatarios locales se hicieran los de la vista gorda con los temas de las
mujeres, estas y las organizaciones continuaron el proceso de empoderamiento
político, la incidencia en el cabildo distrital y la Asamblea departamental,
logrando al menos en lo formal el establecimiento de acuerdos y ordenanzas a
favor de una institucionalidad que trabajara de manera directa por los derechos
de las mujeres y de manera trasversal por la eliminación de todas las formas de
violencia y discriminación basadas en género.
Es claro entonces que, aun con toda la
fortaleza del movimiento social, la llegada de mandataria/os, (Judith Pinedo y
Juan Carlos Gossain) que han posibilitado la formulación de las políticas de
mujeres con perspectiva de géneros, no se ha logrado una institucionalidad
fuerte que logre desarrollar dichas políticas e impactar positivamente la vida
de las mujeres de Cartagena y Bolívar.
Por
ello, nosotras desde la Mesa del Movimiento, continuamos aportando ideas,
conceptualizaciones y propuestas claras, sobre cómo, desde donde, con cuanto y con quienes es posible el avance
de las mujeres a nivel institucional. Justamente este documento escrito a tres
manos, recoge de manera crítica y propositiva
esos elementos.
[1] Valderrama, Rubiela. Hacia una Política Pública de Mujeres con
Perspectiva de Géneros. 2008. Pag. 119.
[2] Op.Cit. Pag.123.
I.
LA
IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO Y SUS MECANISMOS.[1]
Consuelo Arnaiz Pedroza
Es importante hacer una breve historia sobre
la forma cómo se ha dado la incorporación de la institucionalidad de género en
la Agenda internacional y en las agendas institucionales de los países. Eso nos
permitirá comprender mejor qué ha sucedido en nuestro propio contexto local.
En general, denominamos “institucionalidad de género” a los mecanismos institucionales, por
ejemplo las Oficinas de la Mujer, con estrategias diseñadas para cumplir con el
objetivo de alcanzar la igualdad de género. Esto implica la definición de
objetivos y metas, acciones y programas, y obviamente asignación de recursos
presupuestales adecuados, y de técnicos
y profesionales cualificados. En estos procesos de legitimación,
institucionalización y transversalización
de género en las políticas públicas, confluyen diversos escenarios
(nacionales, locales, regionales…) actores e instituciones con estrategias de
acción orientadas al fortalecimiento de las mujeres como actoras sociales y
políticas.
Dos hechos son centrales en la discusión
acerca de la institucionalidad de género y
las oficinas de la Mujer en la región durante los años 70, uno, la
Declaración de México sobre la Igualdad de Acción de las Mujeres y el Plan de
Acción Mundial (1975), y dos, todo el contexto que rodeó la aprobación de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, 1979). Precisamente en las conclusiones de la Conferencia Mundial
sobre la Mujer en México, en 1975, se plantea que “el establecimiento de una maquinaria interdisciplinaria y
multisectorial dentro del gobierno, tales como Comisiones nacionales, Oficinas
de la Mujer y otros cuerpos con un staff y recursos adecuados puede ser una
efectiva medida transicional para la aceleración del logro de la igualdad de
oportunidades para las mujeres y su total integración en la vida nacional”.
El surgimiento, a mediados de la década de
los años 80 del marco interpretativo llamado Género en el Desarrollo,
posibilita mayor claridad no sólo sobre las desiguales relaciones de poder
entre los géneros, sino de las estructuras generadoras de desigualdad en los
mismos Estados. Es el marco de este enfoque cuando se incorpora plenamente la
transversalización del género (gender
mainstreaming) en el sector público teniendo en cuenta la formulación de
políticas públicas, implementación de programas y entrega de servicios.
La Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer
celebrada en Nairobi en 1985 recomienda, por ejemplo, la conformación de
mecanismos en los más altos niveles de gobierno, con recursos apropiados para
asesorar y dar seguimiento al impacto de políticas públicas sobre las mujeres.
El avance de la mujer, es concebido en esta Tercera Conferencia como el
resultado de un trabajo de colaboración entre las Oficinas de la Mujer, Los
Ministerios y las Agencias del Gobierno.
Pero es la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer celebrada en Beijing en 1995 la que marca un hito importante en la
definición de la institucionalidad de género.
A partir de una evaluación sobre el
desarrollo de las Oficinas de la Mujer hasta ese momento, se recomienda que
éstas asuman mayor liderazgo en la elaboración de políticas públicas. Los mecanismos de género son concebidos en
esta Conferencia como instancias de coordinación de políticas que deben liderar
los procesos de transversalización de género. Estos mecanismos deberían estar situados en posiciones jerárquicas de
alto nivel y contar con recursos suficientes y autoridad para acceder a los
espacios de decisión dentro y fuera del Estado, para incidir en las políticas
públicas.
Una mirada
a la ciudad de Cartagena. El papel de las mujeres en la construcción
de la institucionalidad de género a través de su participación en la formulación
de la Política Pública Distrital “Cartageneras en pleno goce de nuestros
derechos”.
En una sistematización llevada a cabo por
diferentes organizaciones de mujeres[2]
publicada en el año 2013, se cuenta que la formulación de una política pública de y para
las mujeres, fue una buena noticia para las mujeres populares de Cartagena.
Ocurrió en el gobierno de una mujer especialmente sensible a las problemáticas
de las mujeres, Judit Pinedo Florez, a través de un proceso de permanente
diálogo con las organizaciones. Era la culminación de una aspiración largamente
acariciada por el Movimiento Social de Mujeres de Cartagena:
“La
política pública de mujeres de Cartagena fue un proceso de construcción de las
organizaciones de mujeres, teniendo en cuenta las apuestas de nuestras agendas
ciudadanas. Se formuló en el año 2008 en el inicio del gobierno de la alcaldesa
Judit Pinedo Flórez, ya que ella, como mujer mostró tener mucho interés y
voluntad política” (Entrevista a Noris Téllez Campos).
Esto no sucedió de repente, sino que tiene unos antecedentes.
La participación en los espacios municipales,
escenarios privilegiados para el desarrollo local, había permitido a las
mujeres cartageneras construirse como “actoras
en el desarrollo”, generando mayor empoderamiento en la toma de decisiones
y promoviendo la democracia de género, puesto que la perspectiva de género en
el desarrollo local busca lograr la equidad entre hombres y mujeres, como
fuerzas imprescindibles para la construcción de la sociedad civil. Esta se
concibe como un todo (lo económico y lo cultural), que debe incluir
explícitamente las acciones para el desarrollo de ambos sexos, teniendo en
cuenta que la cultura ha colocado sobre todo a las mujeres en situación de
desigualdad. En concreto, en la ciudad de Cartagena, este proceso ha estado
lleno de dificultades. Veamos algunos antecedentes. Rubiela Valderrama[3]
hace un interesante recorrido por las distintas administraciones, identificando
avances y retrocesos en la incorporación de planes orientados a una mayor
equidad entre los géneros. En el marco
de la alcaldía de Guillermo Paniza (1995-1997) por ejemplo, se logra incorporar
un presupuesto para programas dirigidos a la mujer, pero esto se hace dentro de
un enfoque familista que no genera procesos de empoderamiento. Posteriormente,
en la administración de Nicolás Curi (1998-2000), se formulan algunos programas
de participación de las mujeres en la toma de decisiones, pero no se les asigna
presupuesto real en el Plan de Desarrollo. Un periodo muy importante fue la
alcaldía de Carlos Díaz (2001-2003); el movimiento de mujeres de Cartagena,
liderado visiblemente en esta etapa por la Red de Empoderamiento de Mujeres,
logra que la política pública para las mujeres se incorpore en el Plan de
Desarrollo de acuerdo con los principios de equidad y participación de la
mujer, aplicando la Ley 581 del 2000 (ley de Cuotas). Sin embargo, esta
política no tuvo desarrollo teórico ni programas específicos, por lo tanto
nunca llegó de hecho a implementarse.
Un acontecimiento sin duda importante en este
proceso de incorporación de la perspectiva de equidad de género en el
desarrollo, y de avances en una institucionalización de género, fue la firma del “Pacto de Adhesión al Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres”
en la administración de Alberto Barboza
(2004–2005) y la expedición del Acuerdo
del Concejo Distrital de
Cartagena (No 008 de Mayo 8 de 2005), que autoriza la formulación e implementación de una política pública para las mujeres en el
distrito de Cartagena de Indias.
En el año 2008, una vez que el Movimiento
“Por una sola Cartagena” liderado por la María
Mulata, ha conquistado el poder local en la ciudad de Cartagena, la alcaldesa promueve decididamente la
participación de la ciudadanía en la construcción del Plan de Desarrollo
distrital. Las diversas instancias organizativas de las mujeres dedican sus
esfuerzos a la incorporación de una política pública de/para las mujeres, con
perspectiva de género y enfoque de derechos, en el Plan de Desarrollo del
Distrito de Cartagena. Para ello, definen colectivamente unas propuestas que
posicionan de manera transversal en las diferentes temáticas abordadas (salud,
educación, empleo, seguridad, vivienda…) y de manera particular, en la Mesa que
trabaja las problemáticas de grupos poblacionales específicos, entre ellas, las
de las mujeres, logrando incorporar una propuesta de formulación de política
pública para las mujeres en el Plan de
Desarrollo, que contempla las siguientes situaciones insatisfactorias para las
mujeres, que limitan sus derechos humanos:
a) La creciente violencia contra las mujeres en el Distrito
de Cartagena.
b) La restricción de
los derechos económicos, sociales y culturales a las mujeres.
c) Las problemáticas asociadas a los Derechos
Sexuales y Reproductivos y
d) La insuficiente participación y representación política de
las mujeres.
En esta dinámica de formulación de la
política pública de mujeres en Cartagena
hay un proceso estructurado en el que confluyen diferentes instancias y
movimientos. Así es narrado por algunas funcionarias de la administración local:
“Una vez
organizadas las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo hay incidencia de las
mujeres y se involucra el asunto de la formulación de la política pública
dentro del mismo; así comienza metodológicamente a estructurarse el proceso
para la formulación de la política, en el cual participa la administración
distrital con el Movimiento de Mujeres y la asesoría y acompañamiento técnico
de la cooperación internacional. Yo creo que la presencia de las mujeres
organizadas es una participación positiva; definitivamente la política pública
si no tiene la participación y el empoderamiento por parte de la sociedad civil
puede terminar en letra muerta. Se destaca fundamentalmente la participación
del Movimiento de mujeres en las Mesas previas, incluso a la hora de instalar
la línea-base o diagnóstico que se realizó como soporte a la política pública.
E incluso en su fase de ejecución a través del seguimiento de manera permanente
a los avances de la administración”. (Entrevista a Nubia Chams. Funcionaria
pública, secretaria de Participación ciudadana en la etapa de formulación de la
Política Pública).
Un importante logro del Movimiento de Mujeres
de Cartagena en este proceso fue, sin duda,
captar la sensibilidad y voluntad política de la alcaldesa Judit Pinedo Flórez
a favor de la defensa de los derechos de las mujeres, y establecer con su
administración el Pacto “La ciudad que
soñamos y queremos las mujeres”, para la construcción de política pública
para las mujeres (8 de marzo del 2008), teniendo en cuenta las cuatro
problemáticas señaladas.
Es así como el día 9 de marzo del 2009 se promulga en la Plaza de
la Aduana, con presencia masiva de las organizaciones de mujeres de Cartagena, la Política Pública de Mujeres para la Equidad
de Género “Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos”.
Esta política pública afirma claramente un
enfoque de derechos: “la política pública
de mujeres para la equidad de género se fundamenta en la voluntad política de
la administración para dar cumplimiento a una serie de compromisos en materia
de derechos humanos de las mujeres, que se caracterizan en el desarrollo de
políticas públicas que reconocen a las mujeres como sujetas de derechos…”
(Taller de reconstrucción de la experiencia). Se sustenta en la normatividad
internacional y nacional favorable a los
Derechos de las Mujeres y está orientada a la construcción de mayor autonomía
tanto física como política, económica y sociocultural.
En la formulación de la política pública
“Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos” hay un claro enfoque mixto, en el que confluyen factores
y actores diversos en la toma de una decisión política: la administración
distrital, el movimiento social de mujeres y la cooperación internacional -a
través de la asesoría técnica- logran a través de un proceso de interacción
sacar adelante una política favorable a los derechos de las mujeres.
Es muy importante señalar que en el contexto
que da origen a la política pública, hay
un auge significativo de la
participación política de las mujeres organizadas en la ciudad, fruto de la
decisión de articulación de las mujeres en la mesa del Movimiento social de
Mujeres de Cartagena y Bolívar en el año 2006. Existe la percepción de que “las organizaciones de mujeres dan un giro,
se incrementa la formación y capacitación política para que atendiendo al
contexto y fortaleciendo el empoderamiento las mujeres puedan exigir sus
derechos; se incrementan los procesos de construcción y difusión de las agendas de mujeres a través de
Cabildos y Foros, y se genera una
dinámica de articulación muy poderosa” (Taller de reconstrucción de la
experiencia”).
En el año
2014 es promulgada en el departamento de Bolívar la Política pública “Equidad
de género y Autonomía de la Mujer Bolivarense”, la cual es adoptada por la Ordenanza 29 del 2012, en la
cual se dictan las disposiciones de formulación e institucionalización de la
PP.
Esta política se propone desarrollar una
estrategia de trasversalización/incorporación de la perspectiva de enfoque
diferencial y de género, -que contemple
la edad, sexo, etnia, orientación sexual, territorio urbano y rural, condición
socioeconómica, situación de desplazamiento y condición de discapacidad
funcional-, en el conjunto de las políticas, planes, programas, proyectos y
presupuestos de la administración departamental para garantizar la igualdad de
las mujeres, la no discriminación y la eliminación de la violencia en su
contra, de manera que esto sea un reto de Desarrollo para el conjunto de la
sociedad bolivarense y un objetivo de la administración pública.
A estas alturas, el Movimiento de Mujeres de
Cartagena, considera importante hacer un análisis acerca de la brecha existente
entre los planteamientos de la Plataforma de Acción Mundial (PAM) aprobada por
la cuarta Conferencia en 1995 y el Programa de Acción Regional para las Mujeres
de América Latina y el Caribe (1995-2001) y el funcionamiento del Estado
colombiano, especialmente en sus niveles locales. ¿Cómo está, de hecho, siendo
incorporada la institucionalidad de género? ¿Cómo operan los mecanismos de
género en nuestra región, en qué escenarios actúan, con qué presupuestos
cuentan, con qué asesoría técnica y con qué profesionales formados en el campo
del género? ¿Cómo están siendo aplicadas y desarrolladas las leyes que protegen
a las mujeres de la violencia (ley 1257/2008 y sus decretos reglamentarios; ley
1719 de 2014, sobre atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco
del conflicto armado…)? ¿De qué manera se aplican las medidas que favorecen la
participación equitativa de las mujeres en espacios de decisión? ¿Qué sucede con la implementación efectiva de
las políticas públicas de mujer y género en el distrito y el departamento? ¿Cómo
está siendo trasnversalizada la política pública nacional de Mujeres…?
El
malestar experimentado por las mujeres ante el desanclaje entre las medidas
proclamadas y la efectiva implementación de las mismas, es creciente. Urge
tomar posiciones que sacudan la inercia y movilicen en torno a una
institucionalidad de género que fortalezca el empoderamiento de las mujeres en
la ciudad y el departamento.
Referencias
Mujeres Populares,
saberes y poderes. Experiencias y
aprendizajes de organizaciones de mujeres populares participantes en procesos de formulación e implementación de políticas
públicas de mujeres y género, en
Medellin, Bogota y Cartagena (2004-2011)
Valderrama Rubiela:
Hacia una política pública de mujeres con perspectiva de género en el Distrito
de Cartagena de Indias (1991-2003). Tesis de maestría. Universidad nacional de
Colombia. Universidad de Cartagena 2008.
www.cidesd.org. –
Documento Cidesd 06/2015.
[1] Este documento ha sido resumido para
efectos de presentación y publicación por parte de la Mesa del Movimiento
Social de Mujeres, el día 24 de Noviembre de 2015. El documento completo ha
sido publicado por el Centro Interdisciplinario de Derechos Sociales y
Desarrollo. www.cidesd.org. – Documento Cidesd 06/2015.
[2] Mujeres
Populares, saberes y poderes. Experiencias
y aprendizajes de organizaciones de mujeres populares participantes en procesos de formulación e implementación de políticas
públicas de mujeres y género, en
Medellin, Bogota y Cartagena (2004-2011)
[3] Valderrama Rubiela: Hacia una
política pública de mujeres con perspectiva de género en el Distrito de
Cartagena de Indias (1991-2003). Tesis de maestría. Universidad nacional de
Colombia. Universidad de Cartagena 2008.
